Claudio Maley, ministro de Seguridad de la provincia, responsabilizó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar) de la demora en la llegada de armas y los chalecos destinados a la Policía de la provincia. En diciembre de 2018, el Gobierno había concretado la compra directa de equipamiento balístico y de seguridad de Israel, por valor de unos U$S 8,5 millones. Hasta ahora, arribaron 2.000 prendas protectoras (absorben el impacto de las balas) de las 4.000 previstas, entre otros elementos.

“Estamos atrasados tres meses por la demora administrativa y caprichosa de la Anmac”, repitió ayer el funcionario de la provincia, tras participar en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad. Minutos antes, el titular de la cartera gubernamental había respondido lo mismo ante las preguntas de algunos legisladores. En el encuentro también estuvieron representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), entre otras personas.

“Hemos tomado todos los recaudos. Cumplimos con los plazos administrativos, acelerando incluso el trámite mediante un procedimiento habilitado por la Ley de Emergencia (en Seguridad): la compra de efectos por cotejo de precios, respetando las intervenciones del Tribunal de Cuenta, de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Economía”, machacó el ex comandante de Gendarmería.

Maley calificó de excesiva la demora de los expedientes en la Anmac para habilitar la adquisición de esos efectos. “Una vez lograda la autorización de los chalecos, se demoró también muchísimo tiempo el permiso para la empresa importadora, que contemplaba el embarque y el ingreso al país. Lo mismo sucedió con el armamento”, explicó.

Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que la próxima semana se enviará una delegación oficial a Buenos Aires para retirar la segunda tanda de chalecos (2.000). Además, informaron que el resto del equipamiento arribaría en tres embarques, durante los próximos 30 días.

Julio Silman, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, hizo hincapié en que se habría incorporado de manera rápida equipamiento de seguridad si la operación se hubiese hecho con un productor nacional. Señaló como ejemplo la posibilidad de comprar a los fabricantes de las pistolas Bersa. “Estas armas tienen garantía de por vida”, enfatizó el legislador peronista.

José Canelada también se sumó a los cuestionamientos. “Todo es culpa de alguien. Hubiese sido más fácil que el ministro y el gobernador (Juan Manzur) hubieran comprado las armas en Argentina. Hemos demostrado que tenían garantía de por vida, que el precio era sustancialmente menor y que, al hacerlo en el país, iban a llegar más rápido”, manifestó el parlamentario radical, quien ha sido uno de los legisladores que había denunciado a Manzur por supuesto sobreprecio en la operación comercial.

EL MATERIAL

El Poder Ejecutivo compró, entre otros equipos:

● 4.000 chalecos antibalas.

● 4.000 pistolas 9 milímetros semiautomáticas “Jericho” 9 milímetros con armazón de polímero desarrolladas por IMI (Israel Military Industries).

● 100 escopetas calibre 12/70.

● Incorporará 50 rifles de asalto IWI Tavor X95, con kit de conversión.

● 20 Uzi Pro, subfusil de origen israelí, diseñado y fabricado por IMI.

● 20 lanzagranadas IWI GL40.

Reclamaron la aplicación de la ley de narcomenudeo

En el último encuentro oficial, el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, Julio Silman, elevó el reclamo sobre la necesidad de solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJT) “el levantamiento de la acordada de la suspensión de la ley de narcomenudeo”.

“En el transcurso de las reuniones, el Ministerio Público Fiscal (MPF) hizo referencia en que el 75% de los delitos estaba relacionado con problemas ligados a las adicciones”, fundamentó el legislador peronista ante los representantes judiciales y de la cúpula del Ministerio de Seguridad.

En esa línea, el parlamentario dijo que el Ministerio Público también había expresado que “no tenía los recursos para habilitar una fiscalía que atienda el microtráfico”. “Estamos hablando del 75% de los delitos. Cómo no vamos a tener una pata judicial que se haga cargo de esa acción. Acabamos de hacer una ampliación presupuestaria de $ 25.000 millones. (Por ello,) hay que fijar posición de tal manera que se instrumenten medidas económicas y administrativas para que haya una unidad fiscal que atienda el narcomenudeo”, exclamó.

La Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de la aplicación de la ley de narcomenudeo en la provincia, tras la presentación de una medida cautelar por parte del MPF, avalada por el propio Poder Ejecutivo (PE). La Legislatura había aprobado en 2014 la Ley N° 8.664, que establecía la adhesión a la Ley Nacional N° 26.052, norma que permitía a las provincias “optar por asumir su competencia” en los casos menores de microtráfico.